Las municipalidades son las entidades públicas más importantes, ya que tienen la tarea de atender y solucionar las necesidades de cada cantón.
Pese a esa cercanía, los actuales alcaldes no tienen la totalidad de la simpatía para lograr la reelección, en las próximas votaciones del 2 de febrero; al menos así lo detallan los estudios de Borge&Asociados y del Centro de Investigación en Ciencias Políticas (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Ese enfriamiento, en la población electoral, se debe a la incapacidad de los jerarcas municipales a cumplir con el proceso de divulgación y rendición de cuentas.
El Índice de Transparencia del Sector Público, realizado por la Defensoría de los Habitantes, coloca a las Municipalidades como uno de los peores entes públicos, en cuanto al cumplimiento de la correcta divulgación de todas sus acciones.
La misma conclusión llega la Contraloría General de la República en su propio estudio, concluyendo que los gobiernos locales solo tienen un 29%, en cuanto a la expectativa ciudadana.
Desde 2003, la Sala Constitucional, dentro de la discusión de la transparencia administrativa y el principio de publicidad, obliga a todas las instituciones a utilizar todos los canales efectivos para comunicarle a la población la totalidad de tomas de decisiones.
En el caso de la Municipalidad, existe un mayor peso en cuanto al cumplimiento del mandato constitucional, ya que su estructura administrativa y política proviene de la elección popular.
Los administrados poseemos la facultad inherente en solicitar, de forma insistente, se cumpla el principio de publicidad y transparencia administrativa.
Todas las autoridades municipales, Alcaldía y Concejo Municipal, están obligados en constituirse como verdaderas casas de cristal, para su correcta auditoria ciudadana. Ese es el gran reto, que deben alcanzar las futuras jefaturas municipales, electas el 2 de febrero próximo.
