La agende ambiental no llama la atención el presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ¿las razones por las cuáles no ve una prioridad el Acuerdo Ambiental de Escazú?
Rodrigo Chaves, quien recibirá la banda presidencial el próximo 8 de mayo, aseguró que en su administración no ratificará el Acuerdo de Escazú, considerado el primer gran pacto ambiental latinoamericano y que lleva como nombre la ciudad costarricense donde se firmó.
Para los ambientalistas costarricenses, la postura del nuevo presidente costarricense es una mala señal para las futuras iniciativas, que busquen desarrollar programas con sentido medio ambientales.
Empero ¿Cuáles son los principales motivos de Chaves?
"El sector privado debe estar tranquilo", el Acuerdo de Escazú, pionero en proteger a los ambientalistas, "no está en la agenda del Gobierno", dijo Rodrigo Chaves, quien asume la presidencia de Costa Rica este 8 de mayo.
Son las palabras del mandatario, quien asume las riendas del gobierno de Costa Rica, el domingo, en un traspaso de poderes, dentro de la Asamblea Legislativa y sin público.
"El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país", expresó Chaves, quien es economista de derecha, en la conferencia de prensa.
Chaves subrayó que, todo lo que contiene el Acuerdo de Escazú ya se incluye en las leyes de Costa Rica, con excepción de una parte que, a su juicio, permitiría a cualquier persona frenar inmediatamente proyectos de inversión privada con el solo hecho de denunciar que hay un daño al ambiente.
Chaves se ha mostrado enfático, principalmente en este acuerdo, que según el mandatario la prioridad de su administración es lograr la reactivación de la economía, postura que genera aplausos en un sector de la economía y preocupación en otra.
"Es muy preocupante que en un momento en que necesitamos reactivación económica haya la posibilidad en el Acuerdo de Escazú de atrasar de manera injustificada y arbitraria proyectos de inversión", dijo Chaves.
Tras la adopción del instrumento, el Gobierno costarricense fue uno de los principales impulsores de la ratificación en los países, pero tras 4 años sigue empantanado en el Congreso y con pocas expectativas de que sea ratificado.
En marzo pasado, el presidente Carlos Alvarado, que terminará su mandato de 4 años el próximo domingo, calificó como una "vergüenza para Costa Rica" que el Congreso (anterior) no ratificara el acuerdo, al que considera como "una política fundamental en el marco de la protección y la transparencia".
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Carlos Alvarado, en su informe final ante el Congreso el 2 de mayo reciente, rogó a los nuevos diputados ratificar el acuerdo. Pero la mayoría de los partidos políticos representados en el Congreso para el periodo 2022-2026 ya han manifestado que no ratificarán el Acuerdo de Escazú.
Sin embargo, el discurso del presidente electo deja ver que dicho acuerdo no estará dentro de su óptica e incluso la deja ver como un acuerdo innecesario.
“Nuestra legislación ya incluye todo lo que incluye el Acuerdo de Escazú, excepto esa posibilidad de decir pare porque a mí me parece que se debe parar, eso no se vale”, dijo Chaves.
Costa Rica es un país reconocido internacionalmente por sus políticas ambientales que le han permitido proteger cerca de la tercera parte de su territorio, donde alberga alrededor del 6 % de la biodiversidad mundial.
¿QUÉ ES EL ACUERDO DE ESCAZÚ?
Costa Rica, hasta ahora líder regional en protección del medio ambiente, fue sede en 2018 de la firma de este Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, suscrito en Escazú, al suroeste de San José.
El Acuerdo de Escazú, considerado el primer gran pacto medioambiental de Latinoamérica, fue también el primero del mundo en contener medidas específicas para proteger los derechos humanos de los defensores del medio ambiente.
Impulsa además el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Y su secretaría la ejerce la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El acuerdo además garantiza la "participación del público en los procesos de toma de decisiones" sobre procesos de autorizaciones ambientales "que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud".
El documento fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en el municipio de Escazú, Costa Rica, y de los 24 países que lo firmaron, solo 12, la mitad, lo han ratificado: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay. Pero esto garantiza su vigencia, pues necesita de 11 ratificaciones.
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(AFP y EFE)
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